jueves, 29 de diciembre de 2011

Se Niega el Intento de Allen Stanford para Demorar el Juicio en Enero por el Fraude de Inversiones

Por: Laurel Brubaker Calkins – Diciembre 28, 2011

La solicitud de R. Allen Stanford para demorar por más tiempo en prepararse para enfrentar cargos por haber dirigido un esquema de fraude de inversión por 7 billones de dólares fue denegada por el juez, quien lo declaró mentalmente apto para el juicio. La selección del jurado comenzará en la Corte Federal de Houston el 23 de Enero.

"Este caso debe ser juzgado", dijo hoy el juez de Distrito David Hittner en una sentencia de ocho páginas. "Este juicio decidirá no sólo si Stanford es culpable de los cargos penales, pero también si cientos de millones de dólares en fondos de inversores actualmente congelados pueden ser adjudicados y regresados a sus presuntas víctimas".

Hittner dictaminó el 22 de Diciembre que Stanford se ha recuperado lo suficiente de una lesión en la cabeza sufrida por un ataque en el presidio y a una adicción a los medicamentos de ansiedad prescritos por médicos de la cárcel tras el ataque.

El juez retrasó la fecha original del juicio en Enero pasado y le ordenó a Stanford someterse a un programa de rehabilitación en la cárcel, después de haber encontrado las condiciones médicas de Stanford incompetentes para entender las actuaciones o ayudar a su equipo de defensa.

"Nuestra capacidad para defender a nuestro cliente se ha visto siempre limitada por el Tribunal que está consciente de estos asuntos," dijo Ali Fazel, abogado líder de Stanford, en un comunicado enviado hoy por correo electrónico sobre el fallo. "Ahora estamos revisando nuestras opciones".

Riesgo de Vuelo
Stanford, 61, ha sido detenido como un riesgo de vuelo desde su acusación de junio de 2009, según cargos por estafa a los inversionistas por más de 7 billones de dólares a través de presuntamente falsos certificados de depósito en su banco de Antigua. El ex financista ha negado todas sus infracciones.

Los abogados de Stanford habían pedido retrasar el juicio hasta finales de abril para darles más tiempo para examinar millones de páginas de documentos de la empresa de Stanford. Alegaron que habían tenido sólo unos días para revisar documentos con Stanford mientras él estaba siendo claramente dirigido. Dijeron que necesitaban buscar más allá de la serie limitada de papeles que el Gobierno ha identificado como críticos para el caso.

"La posición del acusado es que este caso consiste sobre el flujo de dinero" a través del Banco Internacional de Stanford en Antigua y más de 100 empresas relacionadas de Stanford diseminadas alrededor del mundo, dijo Fazel, en una presentación ante la Corte el 27 de diciembre.

"Por lo tanto, la defensa en este caso no sólo requiere del conocimiento de una empresa como sostiene el Gobierno, sino más bien, depende de los conocimientos de las finanzas y las operaciones" de todas las empresas, dijo Fazel en la presentación.

Miles de Inversionistas
Los fiscales, que se oponían a una mayor demora, dijeron que una extensión de cuatro a seis semanas era razonable dado el tiempo que los abogados de Stanford habían necesitado para dedicarse a su reciente audiencia de competencia. Dijeron además que la demora no era justa para los miles de inversionistas de Stanford, cuya recuperación de fondos en las empresas de Stanford está estancada hasta que se concluya su caso penal.

La portavoz del Departamento de Justicia, Laura Sweeney, se negó a comentar la sentencia.

El Gobierno sostiene que el banco de Stanford operó como un esquema Ponzi, en el que a los primeros inversores se les pagaron las tasas de interés por encima del mercado con fondos tomados de los inversores más tardíos.

Los fiscales afirman que Stanford desvió más de 1.000 millones de dólares para financiar un estilo de vida pródigo con jets privados, yates, múltiples mansiones y una isla privada del Caribe

miércoles, 28 de diciembre de 2011

El Gobierno se Opone a la Oferta de Stanford para Demorar el Juicio

Por: Scott Cohn, Corresponsal de CNBC

Los Fiscales Federales dicen que una oferta del autor acusado del esquema Ponzi Allen Stanford para retrasar su juicio penal hasta finales de abril ignora los intereses de miles de inversores en la presunta estafa de 7 billones de dólares.
Los abogados de Stanford, quien la semana pasada fue declarado competente para comparecer a juicio después de ocho meses en tratamiento de drogas, pidieron la demora para dar más tiempo a su cliente para prepararse. Stanford enfrenta 14 cargos en el esquema centrado de vender presuntamente falsos certificados de depósito. El juicio está programado para celebrarse el 23 de enero.

"El interés del público por un juicio rápido es especialmente grave en este caso en el que miles de personas que compraron CDs de Stanford han perdido miles de millones de dólares," escribe el abogado asistente de los EEUU Gregg Costa en una presentación de hoy ante el Tribunal. "Esta prueba decidirá si Stanford no sólo es culpable de los cargos penales pero también si los cientos de millones de dólares perdidos en fondos de inversores actualmente congelados en el extranjero se pudieran regresar a las víctimas".

Los Fiscales dicen que el presunto fraude de Stanford es el segundo más grande en la historia de Estados Unidos, superado sólo por el esquema Ponzi de Bernard Madoff.

El Juez de Distrito David Hittner ha prometido una decisión esta semana sobre la moción de Stanford para una prorroga de tres meses.

Mientras que Costa dijo que el Gobierno no se opone a una menor demora de cuatro a seis semanas, dijo también que un retardo mayor ignoraría los intereses del público y de las presuntas víctimas.

Los inversores --unos 28.000—se han encontrado a menudo perdidos en el barajo de un caso que ha estado marcado por extrañas vueltas y retrasos inusuales.

Stanford fue acusado en junio de 2009 y detenido como riesgo de vuelo, pero fue golpeado por otro preso y luego se convirtió en adicto a drogas de prescripción en custodia. El jueves, Hittner sentenció que Stanford está suficientemente recuperado de sus lesiones y de su adicción, y está capacitado mentalmente para el juicio.

Mientras tanto, los inversionistas están encerrados en una disputa con la SiPC, corporación que asegura las cuentas de corretaje en EEUU, sobre si sus pérdidas deben ser cubiertas.

Con la cobertura del seguro y el juicio a Stanford aún indeciso, los inversores han recuperado sólo centavos de dólar, casi tres años después de que se conoció la presunta estafa.

jueves, 22 de diciembre de 2011

KLS dispuestos a enmendar los reclamos de otros reclamantes para representarlos adecuadamente a través de esta acción y en otros asuntos.

KACHROO LEGAL SERVICES, P.C.
Dr. Gaytri D. Kachroo
219 Concord Avenue Cambridge, MA 02142
Telephone: (617) 864-0755 Facsimile (617) 864-1125


Comunicado de Prensa
Ft. Lauderdale, FLA – Una demanda de acción de clase fue presentada ayer contra los Estados Unidos, 13 de diciembre de 2011, por los miles de millones de dólares en pérdidas sufridas por los inversores en el esquema Ponzi internacional de Allen Stanford. El caso, presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sureste de Florida busca responsabilizar a la SEC por su fracaso para detener a Stanford y a su asesor de inversiones registrado y empresa de corretaje/agentes Stanford Group Company ("SGC"), que la SEC investigó varias veces entre 1997 y 2004. La demanda afirma que la SEC fue groseramente negligente en sus acciones después de cada investigación, por no tomar ninguna acción para detener a Stanford, a quien un funcionario de la SEC le había determinado que operaba un esquema Ponzi. La acción de clase contra la SEC fue presentada al día siguiente de que la SEC presentara su demanda contra la Corporación de Protección de Valores del Inversionista ("SIPC"), por su negativa de reembolsar las pérdidas a los inversionistas.

"Este caso es único porque la SEC sabía todo el tiempo que esto era un fraude y no hizo nada," dijo el abogado principal Dr. Gaytri Kachroo de Servicios Legales Kachroo, P.C. (KLS), quien representa a los inversores en la acción de clase. "Si la SEC se hubiese negado simplemente a registrar al SGC por cualquiera de sus diversas violaciones de las leyes de valores o hubiese informado al SiPC de que el SGC era un  esquema Ponzi y estaba insolvente, la SEC podría haber parado este esquema hace una década. "En las investigaciones del Gobierno en 1997, 1998, 2002 y 2004, la SEC determinó que Stanford operaba un esquema Ponzi, pero no tomó medidas para prevenir su fraude. Después de la creciente presión en la caída de Madoff, la SEC actuó finalmente en 2009, presentando un caso en el Tribunal Federal contra Stanford y sus empresas, pero sólo después de que los inversores habían sido estafados por más de 7 billones de dólares. La demanda alega también que el Receptor de la SEC sólo ha sido capaz de recuperar 100 millones de dólares, de gastos netos, de los 7 billones de dólares perdidos de los inversores debido a la negligencia de la SEC. El caso es Zelaya et al v. Estados Unidos de América, caso Nº 11-CV-62644-RNS (D. S. Florida 2011).


KACHROO LEGAL SERVICES, P.C.
Diciembre 15, 2011

Estimado cliente KLS Stanford: Una demanda de acción de clase se presentó contra los Estados Unidos el 13 de diciembre de 2011, por los miles de millones en pérdidas sufridas por los inversores en el esquema Ponzi internacional de Allen Stanford, en nombre de todos los clientes para quienes hemos presentado reclamos administrativos ante la SEC. Estamos dispuestos a enmendar los reclamos de otros reclamantes para representarlos adecuadamente a través de esta acción y en otros asuntos.

El caso, presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sureste de Florida busca responsabilizar a la SEC por su fracaso para detener a Stanford y su asesor de inversiones registrado y empresa de corretaje/agentes Stanford Group Company ("SGC"), que la SEC investigó varias veces entre 1997 y 2004. La demanda afirma que la SEC fue groseramente negligente en sus acciones después de cada investigación por no tomar ninguna acción para detener a Stanford, a quien un determinado funcionario de la SEC había determinado que operaba un esquema Ponzi. La acción de clase contra la SEC fue presentada al día siguiente de la demanda de la SEC presentada contra el "SiPC", por su negativa a reembolsar las pérdidas a sus inversionistas. Se adjunta la demanda.

También tenga en cuenta que la SiPC sigue luchando con la SEC sobre la cobertura de los inversionistas de Stanford y, la SEC ya ha iniciado una acción judicial para decidir la cuestión (véase este enlace: http://www.reuters.com/article/2011/12/12/us-sec-sipc-stanford-idUSTRE7BB28P20111212).

Enviaremos más actualizaciones según sigamos actuando dentro de las diversas administraciones judiciales y emprender acciones legales en su nombre. No dude en contactarnos si tiene dudas al (617) 864-0755 y solicitar a Janice Espinal. Gracias. Sinceramente,
El equipo KLS de Stanford.

Receptores de Stanford se encuentran en la Corte de Estados Unidos por el Control de los Activos

Receptores de EEUU y Antigua se encontraron hoy en la Corte por el control de los activos de R. Allen Stanford mientras los inversores esperan el pago por sus pérdidas en el presunto esquema de fraude por 7 mil millones de dólares.
El Juez de Distrito David Godbey en Dallas va a escuchar hoy las pruebas y argumentos de los abogados de Ralph Janvey--quien hace casi tres años, fue nombrado sindico para liquidar los negocios de Stanford y sus posesiones personales--y de los abogados ejecutivos de la firma global de auditoría Grant Thornton, elegidos por una Corte de Antigua para la misma tarea.
En el corazón del presunto fraude de Stanford están los certificados de depósito, vendidos a unos 28.000 inversionistas por el Stanford International Bank Ltd. con base en Antigua. Que hace a la isla-nación el centro legal de interés que sostienen los dos receptores de Grant Thornton. El abogado de Janvey, Kevin Sadler, no estuvo de acuerdo.
"La última cosa que necesita esta administración judicial, lo último que necesitan los inversores, son dos liquidadores del Banco aquí en los Estados Unidos," Sadler le dijo a Godbey. "Duplica el trabajo que ya se ha hecho".
Las reclamaciones y distribuciones podrían ser coordinadas entre los receptores de Estados Unidos y Antigua, dice Gregory Grossman, abogado de los liquidadores de Grant Thornton. "Por razones que han sido desconcertantes para mí, no hemos podido llegar a un protocolo de entendimiento en común."
"Estoy triste por escuchar que la mediación no funcionó, dijo Godbey a los abogados. "Estoy más triste aun que el dinero va para pagar a abogados y no va a indemnizar a las víctimas".
La SEC, en febrero de 2009, demandó a Stanford, alegando que él y sus empleados mintieron acerca de los CDs, diciéndoles a los inversionistas que las ganancias fueron invertidas en activos líquidos seguros.

Gastos Espléndidos
En realidad, la SEC dijo que Stanford estaba gastando ese dinero para financiar emprendimientos inmobiliarios ilíquidos, una vida de riqueza y la operación de más de 130 compañías, incluyendo su corredor-agente basado en Houston, el SGC. El dinero de los inversionistas que llegaba más tarde supuestamente estaba siendo usado para pagar a los inversores anteriores.
El financista, que había sido nombrado Caballero por el Gobierno de Antigua y Barbuda, ha sido encarcelado como riesgo de vuelo desde su acusación en junio de 2009 por un gran jurado de los EEUU en Houston. Entre los alegatos está una reclamación por soborno a la agencia reguladora de la banca en Antigua para ignorar las irregularidades.

¿Juicio para el 23 de enero?
Stanford, quien mantiene su inocencia, está programado para ser juzgado el 23 de enero. En una audiencia esta semana en Houston, los abogados de su defensa y los fiscales de EEUU le piden a un juez que determine su aptitud mental para someterse al juicio. Stanford dice que sufrió la pérdida severa de memoria en un presidio cuando fue golpeado. Los fiscales dicen que él está fingiendo.
"Sólo el 20 por ciento de las víctimas de Stanford son americanos", Edward Davis, uno de los abogados de los ejecutivos de Grant Thornton, Marcus Wide y Hugh Dickson, dijo en una entrevista telefónica antes de la audiencia de hoy. "Esto no fue un fraude  centrado en los EEUU, aunque hubo partes centradas en EEUU. Esto fue un fraude offshore".
Dickson y Wide están buscando el control global de los activos de Stanford, dijo, con ningún papel para el receptor de EEUU.
"No es como encontrar un montón de dinero nuevo," Sadler dijo antes de la audiencia. "Qué van a hacer ellos para poner el dinero en los bolsillos de los inversores?"
Janvey ha recuperado más de 114 millones de dólares en efectivo y 96 millones de dólares en activos, mientras ha gastado alrededor de 102 millones de dólares en liquidación de las operaciones de Stanford y persiguiendo litigios, de acuerdo con un informe presentado a Godbey el mes pasado.

Cantidades Recuperadas
Los receptores de Grant Thornton dijeron en una reunión de información en línea el 7 de diciembre para los inversores que han recuperado 3,2 millones de dólares en Panamá, obtuvieron una congelación en las tenedurías inmobiliarias por 70 millones de dólares y estaban trabajando para recuperar 9 millones de dólares en activos en Colombia.
"Nuestros costos serán significativamente menores con activos significativamente mayores," dijo Davis, de Astigarraga Davis Mullins & Grossman, PA, basada en Miami.
La ley de Antigua requiere establecer un sistema de distribución para los inversores, incluso si esta duplica una que establezca Janvey, dijo Davis.
El estado de Antigua será capaz de distribuir más de 300 millones de dólares en fondos de la Banca Europea de Stanford, que son reclamados por ambos receptores, dijo Davis. La custodia de los fondos, ahora congelados a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron otorgados para el control de Antigua por los tribunales del Reino Unido y Suiza, así como los procedimientos para la venta de considerables bienes raíces, propiedades y el resort, dijo.

Agarrando y Gastando
El banco de Stanford en Antigua "generaba el dinero" a través de sus ventas de CDs, dijo Davis. El llamó a las operaciones del financista en los  EEUU como "las empresas que gastaron el dinero".
Oponiéndose a la primacía de la administración judicial de Antigua, la SEC presentó documentos el 5 de diciembre con Godbey, argumentando que el esquema Ponzi de Stanford había nacido en Houston.
"La evidencia del fraude de Stanford es abrumadora (y, de hecho, del Stanford International Bank, incluso si se ve en forma aislada), y fue orquestado desde los Estados Unidos," dijeron los abogados de la Agencia.
Janvey y un abogado de Dallas, John Little, nombrado por Godbey para abogar por los inversores, acordaron en un Tribunal la semana pasada, la presentación de que el centro de interés en el caso de Stanford debería permanecer en los Estados Unidos.
"Está claro que toda la empresa Stanford, incluyendo al SIB, se ejecutó desde los Estados Unidos", dijeron.
Hasta ahora, aquellos que perdieron dinero con Stanford no han recibido ningún pago.

A Expensas de las Victimas
"Millones de dólares se han gastado en litigios de estas cuestiones jurisdiccionales--todo a expensas de las víctimas, "el abogado Peter D. Morgenstern, miembro del Comité de Inversionistas de Stanford sancionado por Godbey, dijo en una carta enviada al Departamento de Justicia el mes pasado.

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Stanford se mueve para que lo encuentren incapacitado para someterse a juicio y dure para siempre en unos cuantos casos.

Por: Ann Woolner y Laurence Viele Davidson (Bloomberg en Atlanta)
Diciembre 21, 2011

La evidencia de que Russell E. Weston Jr. caminó en el Capitolio de Estados Unidos un día de julio y le disparó a dos agentes de policía puede no influir en si el lo intentó, condenado o sancionado. 
Herido y detenido en la escena en 1997 y diagnosticado como un esquizofrénico paranoico, Weston fue encontrado mentalmente incapacitado para presentarse a juicio y vive en un hospital federal. A menos que mejore su condición, por ley permanecerá para siempre en el limbo jurídico, en manos de profesionales de salud mental. 
R. Allen Stanford, un ex financista tejano acusado de defraudar a los inversionistas por más de 7 billones de dólares, comparte una dirección con Weston: el centro médico federal en Butner, Carolina del Norte. Y los abogados de Stanford le piden a un juez federal en Houston lo declare incompetente mentalmente debido a un ataque que sufrió en presidio y la medicación que le borraron la memoria y lo hizo dependiente de las drogas. 
Los abogados defensores, habiendo ganado retrasos basados en el estado mental de Stanford, están tratando de aplazar su juicio hasta que se recupere lo suficiente como para ayudarles a preparar su caso, si es alguna vez lo hace. Loa fiscales y un médico del Gobierno dicen que él está fingiendo. 
Ganar una reclamación por incapacidad es una tarea dura, dijo Bruce Kirwan, un abogado de defensa penal de Atlanta. 
"Usted puede ser realmente excéntrico y estar realmente fuera de juntas y todavía saber del mal, y aún así ir a juicio," dijo Kirwan. En una carrera de 40 años, he ganado dos veces argumentos por incapacidad. 
La afirmación “no es muy común en cualquier caso, y menos de cuello blanco," dijo A.J. Kramer, principal defensor público federal en Washington, quien representa a Weston.

Conducta Extraña
La incapacidad mental a menudo implica una conducta extraña más coherente con un acto violento que la planificación detallada de un delito financiero, dijo Kramer. 
Con cada lado contratando a sus propios profesionales para examinar al acusado, "se convierte en una batalla de expertos," dijo Kirwan. 
Uno de sus clientes, un recluso federal acusado de asesinar a un oficial correccional, tiene "mas nueces que un pastel de frutas", dijo Kirwan. Un equipo jurídico anterior no pudo convencer a un juez de que el hombre, Anthony Battle, carecía de competencia mental para el juicio. Cuando fue a juicio, el jurado rechazó la defensa por su locura, lo declaró culpable y lo condenó a morir. Está  condenado a muerte en una prisión federal. 
Stanford falló las pruebas diseñadas para exponer errores, testificó ayer un psicólogo en Houston. 

Testimonio de Stanford
En cada examen neuropsicológico diseñado para desenmascarar que el estaba fingiendo, "el Sr. Stanford falló," dijo Robert E. Cochrane, un psicólogo de personal en el centro de Butner. "Fue bastante fuerte la evidencia de que estaba exagerando la pérdida de la memoria". 
Un testigo de la defensa respondió que "esas pruebas tienen las mismas deficiencias que las de un detector de mentiras". 
"No dicen que si alguien miente o no, dijo Richard Pollock, un neuropsicólogo que examinó a Stanford". Ellas pueden decirle acerca de la validez de los síntomas y el nivel de esfuerzo." 
La audiencia sobre si Stanford está mentalmente apto para juicio está programada para reanudarse hoy.
Resultados de incapacidad mental han mantenido detenido hasta ahora a Jared Lee Loughner, acusado de disparar en un centro comercial en Tucson, Arizona, hace casi un año, y aun no ha ido a juicio. 
Loughner está acusado de matar a seis personas, incluyendo a un juez federal e intento de asesinato de la congresista Gabrielle Giffords. La demócrata de Arizona, todavía está recuperándose de una lesión cerebral, entre 13 personas heridas. 
En casos donde la evidencia por discapacidad es fuerte, los fiscales ocasionalmente van junto con la reclamación de incompetencia mental.

Ex-abogado de los Estados Unidos 
"No tienes que estarte babeando pero tienes que moverte en esa dirección" para que un fiscal esté de acuerdo con esa moción, dijo Kent Alexander, un ex abogado de EEUU en Atlanta, quien logró sentenciar a un cliente de Kirwan.
Cuando se reivindica la incapacidad mental, "los fiscales siempre ruedan sus ojos porque están acostumbrados a ver gente que intenta salir de sus acusaciones de cualquier manera que ellos puedan,", dijo Alexander, ahora consejero general de atención en Atlanta. 
Si un acusado carece de capacidad para ayudar a los abogados a preparar su juicio, como lo reclama Stanford, es una cuestión diferente planteada en el punto anterior en el caso de que alguien no sea culpable debido a la locura. Las normas y las formas son diferentes para ser resueltas.
Un juez decide la competencia mental antes de que el acusado sea juzgado. El jurado de del juicio decide sobre la locura. 

‘Entendimiento Racional’
Para estar apto para un juicio federal, un acusado debe tener "presente capacidad suficiente para consultar con su abogado con un grado razonable de entendimiento racional", dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en 1960 en Dusky v. EEUU. La Corte, que revocó la condena de Milton Dusky acusado de colaborar en el secuestro de una niña, devolvió el caso a un  Tribunal de primera instancia. La Corte dijo que un acusado debe tener "una racional comprensión objetiva de los procesos en su contra." 
Reclamaciones de no ser apto para ser juzgado son "mucho más raras que afirmar la defensa de la locura", dijo Kramer. Es más fácil probar la locura que demostrar que usted no entiende los cargos y no puede ayudar a sus abogados, dijo.
"Hay muchas personas que no cumplen con la definición jurídica de locura pero pueden ayudar a sus abogados", dijo.
Ed Garland, un abogado de defensa penal de Atlanta, dijo que la incapacidad mental a veces se usa "como estrategia de negociación para decirle a la Fiscalía, vamos a acordar una cadena perpetua."
Tal gambito se suele utilizar en casos de pena de muerte donde no hay "ninguna defensa viable" para quien cometió el crimen, dijo Garland.

Incompetencia vs. Locura 
Para ser declarado no culpable por razón de locura, un acusado debe convencer a un jurado de que en el momento del crimen, tenía "un defecto o enfermedad mental grave" que le representó "no haber podido apreciar la naturaleza y la calidad de sus actos ilícitos," conforme a la ley federal. 

Ultimo Liberado
Los acusados que ganen esa absolutoria también son hospitalizados para tratamiento, de acuerdo a la ley. Si se restablecen y eventualmente un juez los encuentra de haber recuperado la cordura, pueden ser liberados.
Esta es la situación de John Hinckley, juzgado en 1981 por la herida del Presidente Ronald Reagan y otros tres. Declarado no culpable por razón de locura, Hinckley desde entonces está alojado en un establecimiento psiquiátrico, el Hospital St. Elizabeth en Washington. Sus abogados dicen que está mejorando. 
Persuadido del progreso de Hinckley, un juez ha ido otorgándole más tiempo lejos de St. Elizabeth y aumentando gradualmente su autonomía durante esas visitas. Si a Hinckley se le encuentra estar ya sanado, él puede liberarse completamente.

Los Médicos dicen que Stanford está fingiendo.

By Laurel Brubaker Calkins - Dec 20, 2011 2:22 PM GMT-0400
R. Allen Stanford, el financista acusado afirma que está mentalmente incapacitado para presentarse al juicio el mes que viene. Falló cada prueba diseñada para exponer a los farsantes, según testimonio de un psicólogo del Gobierno.

"Cuando se trata de amnesia, estoy convencido de que su afirmación es malintencionada," El Dr. Robert E. Cochrane, un psicólogo del personal en el Centro Médico de la Oficina Federal de Prisiones en Butner, Carolina del Norte, dijo hoy en una audiencia en la Corte Federal en Houston.

Dependiendo de la sentencia del juez de Distrito David Hittner, Stanford, 61, se someterá a tratamiento o enfrentará un juicio el 23 de enero, acusado de ejecutar un esquema Ponzi que costó a los inversores más de 7 billones de dólares y podría ponerlo en prisión por el resto de su vida. Cochrane fue el primer testigo del Gobierno.

Las reclamaciones de Stanford, de que él no puede recordar sus vacaciones en familia, sus negocios o encuentros románticos con mujeres porque "le fueron robados 59 años" por una golpiza recibida en el presidio y drogas contra la ansiedad, dijo el Gobierno en los documentos de la Corte. El Gobierno dice que está fingiendo.

Stanford llegó hoy al Tribunal en grilletes y esposado, delgado y alerta, vistiendo ropa de prisión verde. Él sonrió a miembros de su familia que estaban en el fondo de la sala de audiencias, después de saludar a su abogado y al fiscal, diciendo suavemente, "Buena navidad".

En cada test neuropsicológico diseñado para desenmascarar que estaba fingiendo, "el Sr. Stanford falló", dijo Cochrane, "y que fue bastante fuerte la evidencia que el estaba exagerando la pérdida de la memoria".

Rara Condición
La reclamación de amnesia retrógrada total, pérdida de la memoria de cosas que sucedieron antes del suceso, es "notable", porque la condición es tan rara, dijo el médico.

"Eso ocurre con tan poca frecuencia que apenas está documentado en la literatura médica," dijo.

Dijo que la supuesta amnesia de Stanford no se ajusta al patrón, porque su memoria era normal inmediatamente después de la golpiza en la cárcel, y que sus abogados dijeron que causó la condición y, después, supuestamente se fue deteriorado cuando llegó al centro médico un año más tarde.

"Si la lesión en la cabeza fue el origen de su amnesia, ¿cómo podría él recordar antes y no ahora?" Preguntó Cochrane. "Usted tiene amnesia justo después de la lesión en la cabeza, no después de un retraso".

Stanford, dijo el médico, se comportó tan mal en ciertas pruebas de memoria que "los niños retrasados mentales lo harían mucho mejor" con ellos.

Saliendo en la Defensa
Ali R. Fazel, uno de los abogados de Stanford, dijo en una presentación antes de la audiencia que el testimonio de los médicos mostrará que el financiador de Texas sufrió una lesión cerebral traumática en la cárcel, agravado por "el cóctel de medicamentos", administrado en la cárcel federal.

Hittner dictaminó hoy que un ex abogado y la madre de Stanford, que figuran como testigos de la defensa, no se les permitiría testificar.

El juez dijo que escuchará "sólo a los médicos tratantes" que pueden explicar la capacidad de Stanford para proceder a juicio.

Stanford ha estado encarcelado como un riesgo de vuelo desde su acusación en junio de 2009, imputado por estafar a los inversionistas a través de un supuesto esquema construido de falsos certificados de depósito en el Stanford International Bank Ltd. basado en Antigua.

Los Fiscales dicen que Stanford desnató más de 1.000 millones de dólares de fondos de los inversores para adquirir una flota de aviones y yates, varias mansiones y una isla privada del Caribe, así como para dar dinero a las mujeres con quienes tuvo hijos.

Hittner retrasó el juicio de Stanford, establecido por primera vez para enero pasado, después de que tres médicos testificaron que el financista era incapaz de ayudar en su defensa debido a sus efectos de dependencia por las drogas y desde que sufrió la lesión en la cabeza.

martes, 20 de diciembre de 2011

Descripción de los Cds por funcionarios del Banco de Stanford socava el argumento del SiPC

Por: Loren Steffy. The Chron.
Diciembre 20, 2011


Testimonios en la disputa legal entre los liquidadores de Estados Unidos y de Antigua del Imperio financiero de Stanford parecen reforzar los argumentos de los inversores que los certificados de depósito de Stanford fueron más títulos de valores que las tradicionales notas de banco. Los inversores norteamericanos de Stanford han argumentado que debido a la naturaleza inusual de los CDs de Stanford, algunas de sus pérdidas debidas al colapso del banco en 2009, deben estar cubiertas por la SiPC.

La SEC está de acuerdo y ha ordenado al SiPC a pagar, pero la SiPC se negó, argumentando que los CDs de Stanford no eran valores. Las dos partes ahora están dirigidas al Tribunal separadas en una acción legal sobre el presunto esquema Ponzi de Stanford por 7 billones de dólares.

Documentos presentados recientemente en el caso del liquidador incluyen testimonios de Beverly Jacobs, Vicepresidenta de Servicios al Cliente para el Banco Internacional Stanford en Antigua. Preguntado de si las normas especiales aplicaban para los inversores norteamericanos que compraron los CDs, Jacobs respondió que si aplicaban. Clientes que eran residentes en EEUU tenían que calificar como “inversores acreditados”, dijo. El término es una referencia del Reglamento D de la Ley de Intercambio de Valores de 1933, que establece requisitos para el registro de ventas de existencias no registradas.

La compra de CDs "debía remitirse al Banco a través de la firma de corretaje del Stanford Group Company, con la asesoría financiera de un corredor registrado". La Correduría Stanford era miembro de la SiPC, un conglomerado de la industria para cubrir las pérdidas de inversiones en las cuentas de clientes cuando las corredurías de miembros fallan. Stanford utilizó el seguro SiPC para ocuparse de la seguridad de sus inversiones.

En parte, la industria de valores ha argumentado que los clientes de Stanford no califican para cobertura porque mandaron su dinero directamente al Banco de Stanford. El testimonio de Jacobs demuestra que eso no es cierto. Para los inversores norteamericanos, todo el dinero fue canalizado a través de las cuentas de corretaje y vendido por los corredores registrados. En otras palabras, los CDs fueron, a todos los efectos, tratados como valores por Stanford y sus empleados.

Mientras tanto, R. Allen Stanford, comparecerá hoy ante un Tribunal para determinar si es competente para el juicio el próximo mes. Stanford, quien ha estado encarcelado desde su arresto en 2009, alega por las lesiones que sufrió en la cárcel la pérdida de gran parte de su memoria. Sus abogados planean llevar a unos 10 expertos médicos, ex fiscales e incluso hasta la madre de Stanford de 81 años de edad.

La SEC y el SiPC están listos para rugir sobre los pagos Ponzi.

El regulador exige la devolución de las pérdidas por inversionistas de Stanford.

Por: Dan Jamieson
Diciembre 18, 2011


La Industria de Valores está mirando fijamente como la SEC y el SiPC se preparan para la batalla en los tribunales por la negativa del SiPC para cubrir algunas de las pérdidas sufridas por las víctimas del presunto esquema Ponzi de R. Allen Stanford por 7 billones de dólares.

Una demanda presentada por la SEC la semana pasada para forzar la mano del SiPC es una prueba legal sin precedentes de los límites del poder de la Comisión sobre la entidad creada por el Gobierno y financiados por la industria que protege a los inversionistas en casos donde las empresas de corretaje fallan, dijeron los observadores.

Pero más que una cuestión legal es una disputa. Los corredores-agentes están preocupados por mayores cuotas del SiPC si las reclamaciones de Stanford son pagadas por el fondo de reserva de la organización sin fines de lucro.

"Es una idea aterradora", dijo David Sobel, asesor general de Abel/Noser Corp., sobre cuotas más altas.

el Sr. Sobel, quien también es Presidente de la Asociación Nacional de corredores/agentes independientes, dijo que representantes de pequeños corredores-agentes han estado examinando activamente las ramificaciones del caso y están buscando maneras ayudar en la lucha legal del SiPC contra la SEC.

El Presidente del SiPC Steve Harbeck reconoció que las cuotas más altas pueden ser necesarias si el SiPC tiene que cubrir a las víctimas de Stanford. La carga añadida podría poner en riesgo su fondo de reserva de 1.400 millones de dólares, dijo.

Eso es motivo de preocupación para la industria de corretaje, que todavía arde por los costos de cobertura de las víctimas del esquema Ponzi de Bernard Madoff por 65 billones de dólares. En 2009, el SiPC aumentó las tasaciones sobre los corredores agentes en 0,25% de los ingresos, desde un plano de $150 hasta el escándalo de Madoff.

El batacazo significa que incluso las pequeñas empresas enfrentarían facturas del SiPC por varios miles de dólares al año.

"Está matando a las pequeñas empresas", dijo el Sr. Sobel. "¿Por qué deberíamos nosotros pagar el fraude?"
De hecho, el SiPC no protege a los inversores por fraude — sólo por falta de efectivo y valores mantenidos en custodia de un intermediario-distribuidor fallido.

Por eso, muchos en la industria de valores cuestionaron la liquidación del SiPC de la firma de Madoff, que está cubriendo las reclamaciones basadas en cuánto dinero en efectivo depositaron sus inversores.

El Sr. Harbeck le dijo a los inversores de Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC que se emitieron declaraciones mostrando como los valores se mantuvieron en la firma de corretaje de Madoff, mientras que los inversionistas de Stanford sabían que estaban comprando CDs a un banco de antigua.
"Es una línea brillante de la regla — si lo deja con una firma de corretaje, y el SiPC se lo devolverá", mientras que en el caso de Stanford, los clientes realmente mantuvieron los CDs, dijo.


APOYO DE SIFMA
La Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros ha estado instando al SiPC para que se resista con lo de Stanford.

"Fundamentalmente, a diferencia de la situación con Madoff, los compradores de CDs de Stanford realmente compraron los propios valores que ellos buscaban adquirir," Dijo la SIFMA en una carta de agosto enviada al SiPC.

Cubriendo Stanford sería "una expansión sin precedentes de la protección del SiPC a las pérdidas de inversiones por fraude", agregó el SIFMA en una declaración tras la demanda de la SEC presentada la semana pasada.

En su presentación judicial, la SEC argumentó que los clientes de Stanford deberían estar cubiertos por el SiPC, porque los CDs fraudulentos fueron vendidos a través de la firma de corretaje y Allen Stanford había controlado todas las entidades sin corretaje de la empresa.

Incluso para los expertos, la distinción entre los casos Madoff y Stanford no es fácil de hacer.

"No está claro para mi por qué el SiPC no está haciendo lo que hace normalmente," dijo Thomas Gorman, un ex abogado de la SEC y socio de Dorsey & Whitney LLP, sobre la negación del SiPC para liquidar la firma de corretaje de Stanford.

Los observadores legales fueron golpeados por el tono de la SEC, esencialmente tirando el rango sobre el SiPC y la Corte.
En su presentación judicial, el organismo afirma que tiene la autoridad exclusiva para determinar si el SiPC debe involucrarse en un caso, dice que una decisión de la SEC no está sujeta a revisión judicial.

La SEC dijo que disputas sobre qué activos merecen protección del SiPC deben tratarse mediante el proceso de reclamaciones que administra el SiPC después de hacerse cargo de una empresa fallida.

El SiPC replicó que la movida de la SEC fue un "ejemplo extraordinario de extralimitación." En su presentación la semana pasada, el SiPC dijo que la SEC "quiere evitar el escrutinio judicial, ya que no puede prevalecer en cualquier análisis serio de los hechos y la ley en este caso."

La acción legal de la SEC es la primera vez que la Agencia ha invocado su autoridad para forzar la acción del SiPC.

Si la Corte concede la petición de la SEC, el Sr. Harbeck dijo que el SiPC apelaría. El portavoz de la SEC, John Nester, se negó a comentar.

Los observadores legales estaban inciertos de cómo el conflicto se podría jugar, dada su naturaleza sin precedentes.

La lucha legal es un marcado contraste con lo que muchos han visto como una política automática que la SEC ha tenido históricamente hacia el SiPC.

¿CULPA DE LA SEC?
Un informe de marzo de 2011 del Inspector General de la SEC señaló los errores la Agencia por no tener un proceso formal de supervisión al SiPC.

Pero el caso de Stanford y otros fraudes importantes le han dado un alto perfil al proceso de liquidación del SiPC. La acción de la SEC en demandar al SiPC llegó en medio de una intensa presión política para cubrir a las víctimas de Stanford.

A pesar de la lucha, el SiPC y la SEC están trabajando más estrechamente que nunca. Además de los casos de Lehman Brothers Holdings Inc. y de Madoff, la SEC y el SiPC están tratando ahora con el fracaso de MF Global Holdings Ltd..

“Trabajamos con esos amigos cada día, y continuaremos," dijo el Sr. Harbeck sobre la SEC. "Tenemos que compartir la cooperación de la disputa legal.”

lunes, 19 de diciembre de 2011

SEC Lawsuit against SIPC

SECvSIPC

viernes, 16 de diciembre de 2011

Comienza Audiencia a Leroy King

Por: Martina Johnson – Viernes, Diciembre 16, 2011.


Leroy King.
ST JOHN’S, Antigua – Después de esperar casi un año para que un Tribunal escuchara su apelación contra su sometimiento de extradición, los abogados del ex Jefe Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros (FSRC) Leroy King, ayer comenzaron sus argumentos orales ante el Tribunal Superior.

King es solicitado en los Estados Unidos por su presunta participación en el esquema Ponzi de R. Allen Stanford por 7 billones de dólares.
Compareciendo ante el juez Mario Michel, los abogados de King, Dane Hamilton QC y Dane R Hamilton argumentaron dos puntos principales en apoyo a la solicitud de un mandamiento de hábeas corpus en un intento por llegar a la Corte para anular la decisión anterior del ex Jefe Magistrado Iván Walters.

King, quien también fue administrador del FSRC, está acusado de 10 cargos de conspiración por cometer fraude postal, 7 cargos de conspiración por cometer fraude por cable, conspiración por cometer lavado de dinero y conspiración por obstruir a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) como cómplice de los presuntos delitos de Stanford.

La denuncia acusa a King de la realización de auditorías y exámenes falsos para el Stanford International Bank (SIBL), un banco offshore situado en Antigua, a cambio de grandes sumas de dinero y otros sobornos, mientras supuestamente se aseguraba de que la SEC no examinara los registros de inversión del banco offshore.

Hamilton QC afirmó que algunos de los cargos imputados a King no son delitos contemplados en las leyes de Antigua y Barbuda, y como tal no ha cometido ningún crimen para que pueda ser extraditado. También dijo que si los delitos existieron bajo las leyes de Antigua y Barbuda, también debería decirse expresamente que son extraterritoriales.

El abogado del apelante cuestionó entonces cómo es que King está ante el Tribunal por conspiración por haber cometido distintos tipos de fraude cuando ninguna contraparte ha sido nombrada.

El abogado mayor objetó la información de las declaraciones de testigos de otras personas que presuntamente o ciertamente estuvieron implicadas en el fraude, y dijo que eran nada más pruebas sobre rumores sin ningún fundamento.

Hamilton pasó todo el día haciéndole frente a la Corte sobre las cuestiones mencionadas, además de otros, y espera reanudarlo el próximo miércoles. Después de que el Director de la Fiscalía Pública, Anthony Armstrong, respondiera.

Mientras que el asunto siga en curso, King quedaría en libertad bajo fianza por $600.000, con órdenes estrictas de no salir de su casa sin ser acompañado por uno de sus custodios. También debe seguir informando diariamente a la comisaría más cercana a su casa entre otras condiciones.

Allen Stanford parece estar fingiendo “Amnesia”

Publicación de los fiscales
Jueves, 15 de diciembre de 2011
Por: Scott Cohn, corresponsal de CNBC


Los fiscales federales dicen que el acusado del esquema Ponzi R. Allen Stanford parece “fingir” la pérdida de su memoria para evitar su juicio penal previsto para el próximo mes.


La acusación va a una audiencia ante la Corte a celebrarse la próxima semana para determinar si Stanford es competente para someterse a juicio.
"Evidencia convincente y confiable demuestra que Stanford está falsificando la pérdida de la memoria", dicen los fiscales en su argumento de 20 páginas.

Los abogados defensores de Stanford dicen que el ha perdido la memoria a partir de los eventos anteriores a su reclusión en un centro de detención federal en septiembre de 2009. Tras el arresto, mientras estaba en custodia federal, Stanford se hizo adicto a la prescripción de drogas.

Stanford fue acusado en junio de ese año por supuestamente ejecutar un esquema Ponzi de 7 billones de dólares. En enero de este año, un juez dictaminó la incompetencia de Stanford para presentarse a juicio y le ordenó someterse a tratamiento y evaluación en el centro médico de la oficina de prisiones en Butner, Carolina del Norte.

El tratamiento finalizó el mes pasado, y los doctores del centro médico declararon competente a Stanford. Pero los médicos contratados por la defensa, al parecer, siguen afirmando — que Stanford no tiene "ningún recuerdo de los sucesos de su vida personal o negocios que precedieron al trauma sufrido en la cabeza en septiembre de 2009," de acuerdo a la presentación.

Stanford indicó incluso a los médicos de la prisión "sentirse mal tras ser informado por su familia que era conocido como un mujeriego", de acuerdo a la presentación.

Stanford, 61, ha estado separado de su esposa desde hace varios años y ha tenido múltiples hijos con amantes a las que el mismo se refirió como "esposas por fuera".

Los fiscales, citando a los doctores del centro médico de Butner, dicen que las reclamaciones de Stanford sobre la pérdida de su memoria no son creíbles, ya que él no tenía ningún problema de memoria inmediatamente después del arresto, y sólo alegó amnesia mucho más tarde.

A finales de diciembre pasado, de acuerdo con los médicos de la prisión, Stanford fue capaz de recordar experiencias específicas, incluyendo interacciones previas con un congresista de aquel entonces, ahora el orador de la Casa de Representantes, John Boehner.

La presentación dice que los médicos de la prisión examinaron con pruebas de memoria a Stanford y encontraron que "él no trataba o estaba fingiendo."

Los abogados defensores aún no han respondido a la presentación de la Fiscalía. Será hasta que el Juez de Distrito de los EEUU, David Hittner, decida si Stanford es competente para el juicio. Hittner ha programado una audiencia de competencia para el martes en Houston.

Stanford enfrenta 14 cargos penales en el presunto fraude. Él ha negado repetidamente ser un infractor.

Antigua liquidadores carta a los senadores volver a la Resolución del Senado 436

Honorable David Vitter
SH-516
United States Senate
Washington, DC 20510

Honorable Richard C. Shelby
SR -304
United States Senate
Washington, DC 20510

Honorable Thad Cochran
SD-113
United States Senate
Washington, DC 20510

Honorable Roger Wicker
SD-555
United States Senate
Washington, DC 20510


12 de Diciembre de 2011

Estimados Señores,
Re: Resolución 346 del Senado
Re: Stanford International Bank Limited en Liquidación

Les escribo en respuesta a la reciente introducción de la resolución 346 del Senado que objeta ciertas acciones alegadas por el Gobierno de Antigua y Barbuda (GoAB) relacionadas con el fraude perpetrado por Robert Allen Stanford y por implicación en el proceso de liquidación del Stanford International Bank Limited (SIBL). Creo que es importante corregir o aclarar una serie de afirmaciones contenidas en la resolución en lo que se refiere a las actividades de los Liquidadores Conjuntos del SIBL.

A modo de precedente, Hugh Dickson y yo, de la firma internacional de Grant Thornton, fuimos nombrados Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Limited (SIBL) por el Alto Tribunal de Antigua (Tribunal), parte del circuito de la Corte del Caribe Oriental basado en Santa Lucía. El Tribunal de última instancia de apelación de la Corte Suprema de Antigua es a los Señores de Ley del Consejo Privado Británico. El Sr. Dickson y yo somos liquidadores experimentados colectivamente con sesenta años de trabajo en el campo. Nuestra designación se debió a una solicitud ante el Tribunal por un grupo de víctimas, y no al GoAB o sus organismos.

Nosotros observamos que la resolución 346 del Senado no parece hacer una distinción entre lo que ordenó la Corte sobre la liquidación (quiebra) del SIBL en Antigua y el propio GoAB. Como oficiales del Tribunal somos independientes del GoAB, no informamos al GoAB, no seguimos instrucciones del GoAB y, si es necesario, estaríamos adversos al GoAB y a cualquiera de sus organismos. Finalmente, cualquier fondo que nosotros recuperemos no puede ser accedido por el GoAB. El que estemos de alguna manera asociados a un agente del GoAB es una falsedad perpetuada por ciertos sectores de los Estados Unidos.

Nuestra designación como liquidadores surge de la Ley Internacional de Negocios Corporativos (IBCA) de Antigua, en virtud de la cual se incorporó al Banco. Esta ley contiene una obligación legal para reunir los activos del SIBL y distribuirlos a sus acreedores con arreglo a un procedimiento establecido en la IBCA y las reglas de insolvencia inglesa de 1986. En resumen, nuestra misión es recuperar unos 4,5 millones de dólares en pérdidas derivadas del fraude perpetrado por Allen Stanford y devolverle el dinero a los 21.000 acreedores/víctimas (de los cuales alrededor de un 16% en número de depositantes y 22% por valor son estadounidenses) en el menor tiempo posible.

Nos guiamos por un Comité de Acreedores compuesto por víctimas que no pueden beneficiarse de la liquidación. Hemos mantenido dos reuniones con los acreedores a través de la Web. La primera reunión resultó con más de tres mil mensajes de los acreedores expresando sus preocupaciones, y lo que les gustaría que ocurriera para maximizar su recuperación. Los resultados de la segunda reunión nos siguen llegando. Tenemos la intención de hacerlo regularmente. Como sabemos, somos los primeros a quienes las víctimas/acreedores nos pedirían directamente lo que quieren.

El Receptor ha informado a la Corte de EEUU que ha cesado su actuación sobre cualquier procedimiento fuera de Estados Unidos. Creemos que hay importantes recuperaciones en varias jurisdicciones internacionales. Perseguimos estas enérgicamente en beneficio de los acreedores/víctimas.

Con este panorama en mente, nos preocupa que la resolución 346 se base en parte, en un malentendido de los hechos.

En primer lugar el GoAB no tiene control sobre ninguna de las tierras del SIBL. Estas están en nuestra posesión. Nos estamos ideando una estrategia con asesoramiento de expertos para maximizar el valor para las víctimas/acreedoras.

Un receptor de equidad, tal como el Sr. Janvey (Receptor) designado a petición de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) tiene importantes limitaciones con su autoridad. Nuestra única intención es brindar una solución a algunas de estas limitaciones mediante el ejercicio de los recursos no disponibles por el Receptor, sino a nuestra disposición a través del Capítulo 15. Esto aumentará la recuperación total para las víctimas. A menudo hemos manifestado nuestra intención y para confirmarla hemos elaborado y entregado una propuesta detallada de cooperación al Receptor. Esta propuesta fue rechazada de plano. Cualquier posición concedida estará sujeta al control por el Tribunal de Estados Unidos. Para ser claros, no estamos tratando de intervenir en cualquier caso con la plétora de entidades sobre las que el Receptor tiene control, excepto para este propósito limitado al SIBL, bajo el control de la Corte de Estados Unidos.

El Receptor no fue reconocido en Antigua en gran parte como consecuencia de estas limitaciones en su autoridad. Sin embargo, nosotros estamos asesorados por nuestro propio abogado de que el Receptor tuvo y tiene, el derecho a aparecer en cualquier procedimiento en Antigua con respecto al SIBL. No tenemos objeciones hacia él, como lo confirmamos en el proyecto de propuesta de cooperación que él mismo rechazó. El Receptor ha finalizado su consejería legal en Antigua y presumiblemente ha elegido no aparecer.

Hay críticas hacia nosotros por no intentar cobrar ciertas sumas presuntamente debidas por el GoAB. Los registros del SIBL no aportan pruebas de que el SIBL le daba dinero por adelantado al GoAB, según lo confirmado por informes jurados del Receptor y su experto forense archivado en Dallas la semana pasada. Sobre esto, los préstamos mencionados parece que se le adelantaron al GoAB a través de otras entidades, principalmente bajo el control del Receptor. El no ha adelantado los reclamos hasta la fecha.

El proceso, en virtud del cual el Departamento de Justicia (DoJ) pretende "repatriar" los activos a los Estados Unidos, no está, desde nuestro punto de vista, el permitir que estos fondos sean distribuidos equitativa, rápida y económicamente a las víctimas. Por el contrario, a estos fondos se les había permitido fluir hacia la liquidación desde el principio, una gran distribución para los acreedores/víctimas que ya podría haber tenido lugar. Nos hemos reunido con funcionarios de la confiscación de activos y la sección de lavado de dinero (AFMLS) del Departamento de Justicia, y también nos hemos reunido con funcionarios de la SEC para intentar encontrar un mecanismo de trabajo conjunto para lograr el objetivo común de maximizar las recuperaciones para las víctimas. Tenemos la intención de continuar con estos diálogos.

Hemos proporcionado documentos al Departamento de Justicia para ayudarles en el enjuiciamiento del Sr. Stanford, y continuaremos ayudándolos hasta donde podamos.

También intentamos coordinar el proceso de reclamos en ambas jurisdicciones para que sólo se presente una reclamación, con un repositorio único para que se paguen las reclamaciones de las víctimas, supervisado por los Estados Unidos y la Corte de Antigua. Si tenemos éxito, esto mitigaría significativamente los costos.

Estamos investigando el asunto del Banco de Antigua (BoA) y su expropiación por el Banco Central del Caribe Oriental (ECCB), el Banco Central para todos los nueve países del Caribe Oriental. Hay un informe de valoración independiente por Ernst & Young, que indica las acciones del BoA, un Banco Nacional que sirve a los antiguanos, que tenían un valor negativo, y que era necesaria una fianza, con una inyección de capital por el ECCB para proteger a los inocentes depositantes.

No podemos comentar otras cuestiones planteadas en la resolución 346 fuera de la liquidación del SIBL.

En resumen, hemos puesto un esfuerzo significativo en nuestros intentos para coordinar nuestro trabajo con el Departamento de Justicia, la SEC y el Receptor, a fin de maximizar el retorno a las víctimas/acreedores, de manera coherente con nuestras obligaciones legales, la dirección de la Alta Corte de Antigua, y con respecto a cualquier posición concedida en los Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos. Nos sentimos profundamente preocupados por ese idioma que propusieron en su resolución sin darse cuenta de que puede ser perjudicial para este proceso.

Para ello, sería bienvenida una reunión con ustedes para ampliar nuestros comentarios y así poder determinar su posición sobre el tema basado en todos los hechos.

De Ustedes, sinceramente;
Marcus A. Wide, Liquidador Conjunto
Por los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Limited

Con copias al,
Departamento de Justicia, y
Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU (SEC)

jueves, 15 de diciembre de 2011

El caso de Madoff es mayor, pero el de Stanford es más desordenado

Por: LOREN STEFFY, HOUSTON CHRONICLE
Martes, Diciembre 13, 2011


Desde el principio, la caída del Imperio financiero de R. Allen Stanford fue, a diferencia de otros escándalos financieros y las secuelas de su presunto fraude de 7 mil millones de dólares, un desorden fuera de lo normal para los inversionistas de esos casos.

Bernard Madoff, después de todo, orquestó un esquema Ponzi 10 veces mayor que el de Stanford, y aunque Madoff se declaró culpable, está sirviendo su condena en prisión de por vida. Un receptor ha recuperado miles de millones que se está distribuyendo a los inversores, y un grupo de seguros financiado por la industria del corretaje está cubriendo al menos algunas de las pérdidas adicionales.

No ocurre así en el caso Stanford. Los inversores apenas podrán recuperar casi nada con el receptor, y el lunes, la SEC demandó al fondo de seguro de la industria, el SiPC, que desde junio se ha negado a cumplir la orden de la SEC para pagar. El Stanford Financial era miembro del SiPC, y abofeteó al logotipo del fondo con sus ofertas de inversión. Mientras el SiPC no ofrece cobijo de seguros - sólo protege contra valores perdidos o robados en fallas de corretaje, pero no contra pérdidas en el valor de las inversiones – estuvo feliz en permitir que Stanford utilizara su nombre para fomentar un aura falsa de seguridad. Ahora sostiene que esos mismos inversores no merecen la cobertura porque los corredores de Stanford estuvieron comercializando ambulantemente los certificados de depósitos emitidos por el Banco Caribeño de Stanford.

Pero los inversores con quienes he hablado me han dicho que su dinero entró y tal vez nunca salió, con el sello de corretaje del SiPC en la puerta del Banco de Stanford.

La distinción entre los casos de Stanford y Madoff es más severa en cómo los inversores han sido tratados por las organizaciones que supuestamente estaban para protegerlos.

Después de todo, Madoff era un privilegiado de Wall Street que atendía a otros financistas bien conectados y a estrellas de cine. El SiPC acordó cubrir sus pérdidas. Kevin Bacon, al parecer, tendrá un menor grado de separación de su riqueza que el inversionista promedio de Stanford. Del mismo modo, cuando MF Global, un comerciante de productos básicos dirigidos por el ex senador de Goldman Sachs, Jon Corzine, incurrió en malas inversiones en los mercados europeos, el SiPC corrió para devolverle algunas de las pérdidas para los clientes de esa empresa adinerada de fondos.

Los inversionistas de Stanford en su mayor parte son más peatonales. Estaban bien acomodados pero no ricos. La mayoría había invertido para su jubilación y retiro, mientras tanto, con respecto a los tipos de interés ridículos prometidos en los CDs de Stanford, los inversores declararon que lo que mas les atrajo fue la seguridad. Estaban buscando un refugio de mercados turbulentos, y sobre los CDs, los corredores y asesores financieros de Stanford les dijeron que era un paso seguro.

Muchos no fueron a Stanford sino que Stanford llegó a ellos. La empresa construyó su intermediación de corretaje mediante la contratación de asesores de inversiones de otras empresas que se trajeron con ellos a los clientes. Seducidos por los escritorios de mármol verdes e interiores de madera de cerezo, ellos conscientemente o no, atrajeron a los clientes a la red de Stanford con quien habían construido su confianza durante muchos años.

Los inversionistas de Stanford también resultaron heridos por el mal tiempo de las finanzas. Su situación llegó pocos meses después de que el caso Madoff dominara las noticias nacionales, el cual fue eclipsado por una recesión de montaje, avizorando quiebras bancarias y auxilios financieros del Gobierno.

Y así, en medio del desinterés nacional y las exigencias reglamentarias, los inversionistas de Stanford se han convertido en las víctimas olvidadas de un supuesto fraude. No es sorprendente, entonces, que su suerte dependa de la acción jurídica sin precedentes de la SEC en contra del SiPC.

Durante tres años, ellos han tenido que luchar sólo para tener la oportunidad de agarrar la red de seguridad que fue arrojada a los inversores en otros escándalos.

martes, 13 de diciembre de 2011

El SIPC se defiende contra la demanda de la SEC sobre las pérdidas del Banco Stanford en Antigua.

DEMANDA EN CONFLICTO CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE VALORES DEL INVERSIONISTA


WASHINGTON, Dic. 12, 2011 /PRNewswire/ -- El SiPC dijo hoy que se defenderá contra la demanda de la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU (SEC) sobre las reclamaciones de los inversores por las pérdidas relacionadas con el caso de fraude del Banco Stanford.

"Tenemos una gran simpatía por las víctimas de este extraordinario esquema Ponzi que infligió pérdidas desgarradoras a miles de personas en todo el mundo," dijo Orlan M. Johnson, Presidente del SiPC. "Pero, el SiPC debe cumplir con los requisitos establecidos por el Congreso. Después de un análisis cuidadoso y exigente, creemos que en este caso la teoría de la SEC entra en conflicto con la ley de protección de valores del inversionista, la ley que creó al SiPC y la ha guiado durante los últimos 40 años".

La SEC está tomando una posición sin precedentes de que el SiPC debe proporcionar garantías financieras para los inversores que decidieron comprar CDs emitidos por un banco offshore en Antigua. Si se acepta, esa posición tendría que reescribir el mandato de 40 años al SiPC en virtud de la ley. El SiPC está limitado por la ley para proteger a los clientes contra la pérdida de falta de efectivo o valores en custodia por fracasos o firmas de corretaje de miembros del SiPC insolventes. El SiPC no fue aprobado por el Congreso para combatir la tergiversación o fraude o garantizar el valor de una inversión.

"El SiPC no es equivalente al FDiC por fraude de inversiones," dijo Stephen P. Harbeck, Presidente del SiPC. "El Congreso consideró si debe garantizar las pérdidas de la inversión y rechazó ese tipo de protección como inadecuado y poco realista".

El Sr. Harbeck dijo que no es jurídicamente posible que el SiPC proporcione garantías financieras para estas víctimas, cuyos reclamos son sobre CDs emitidos por el Banco Internacional de Stanford en Antigua. "Si se acepta, la posición sin precedentes de la SEC tendría consecuencias graves y de largo alcance. La SEC está exigiendo protección para lo que creemos son reclamaciones inelegibles en virtud de la ley SiPA. Ampliar la protección de esa manera ignoraría el mandato legal del SiPC, superaría ampliamente el fondo del SiPC y pondría en peligro la disponibilidad del Fondo para los fines legítimos para los que fue creado.

Aunque el SiPC no ha tenido oportunidad de examinar la demanda, el Sr. Harbeck describió el asunto como un desacuerdo acerca de si la ley SiPA se aplica a los hechos singulares del fraude del Banco de Stanford en Antigua.

"Teniendo en cuenta las posiciones diametralmente opuestas de la SEC y el SiPC, este asunto va a tener que resolverse en los tribunales," dijo el Sr. Harbeck. "Los tribunales tienen un proceso a lugar para examinar los hechos y el derecho a probar la posición de la SEC".

ACERCA DEL SIPC
La Protección de Valores del Inversionista protege a los clientes contra la pérdida de falta de efectivo o valores en las cuentas del cliente cuando un miembro del SiPC, corredor-agente, falla financieramente. El SiPC actúa como fideicomisario o trabaja con un síndico independiente nombrado por el Tribunal en un caso de insolvencia de corretaje para recuperar los fondos.

El estatuto que creó al SiPC dispone que los clientes de una empresa de corretaje fallida reciban todos los valores no-negociables, como acciones o bonos, que ya están registrados en sus nombres o en proceso de ser registrados. Al mismo tiempo, los fondos de la reserva SiPC están disponibles para satisfacer las reclamaciones restantes de efectivo del cliente y/o valores custodiados con el agente-corredor hasta un máximo de $500.000 por cliente. Esta cifra incluye un máximo de 250.000 dólares en reclamaciones por dinero en efectivo.

FUENTE: Corporación de Protección de Valores del Inversionista (SiPC)

lunes, 12 de diciembre de 2011

La Batalla se Calienta entre el Receptor de Stanford y los Liquidadores de Antigua

Por: Julie Triedman - The American Lawyer
Diciembre 12, 2011

Ralph Janvey, el Receptor designado por la Corte liderando los esfuerzos de Estados Unidos para recuperar los activos en el Mundo del Imperio del supuesto estafador R. Allen Stanford, repentinamente se enfrenta a un nuevo desafío: un procedimiento revivido de la liquidación del Banco Stanford en Antigua.

El 5 de diciembre los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank, el Banco en Antigua, que ha emitido falsos CDs a los inversores, presentaron una moción renovada de los procedimientos para ser reconocidos como la autoridad de la insolvencia de Stanford. El juez David Godbey, quien está supervisando la quiebra por la Corte Federal del Distrito de Dallas escuchará los argumentos en una audiencia el 21 de diciembre.

La moción podría cambiador el juego. (El reporte está aquí), presentado por Edward Davis en Miami Astigarraga Davis, Christopher Redmond en Husch Blackwell y Joseph Wielebinski en Munsch Hardt Kopf & Harr en Dallas, en nombre de los Liquidadores Conjuntos de Grant Thornton, quienes le piden al juez reconocerlos en el proceso de liquidación del SIB como "procedimiento extranjero principal" en virtud del capítulo 15, un estatuto de quiebra de 2005 que regula el manejo de insolvencias transfronterizas. Si se les concede pleno reconocimiento, los liquidadores de Antigua asumirían los derechos del síndico de quiebra en las cortes estadounidenses.

Esa sentencia podría lanzar una gran llave en los esfuerzos de Estados Unidos para repatriar los fondos de los inversores. Bajo las directrices de insolvencia internacional, la suspensión de pagos de EEUU no se reconoce como un procedimiento de insolvencia. Desde su nombramiento en mayo, los liquidadores de Antigua ya han logrado bloquear los esfuerzos en curso por el Departamento de Justicia para repatriar decenas de millones de dólares de los activos congelados de Stanford en Estados Unidos desde el Reino Unido y Canadá, de acuerdo con Kevin Sadler de Baker Botts, principal asesor legal de Janvey.

domingo, 11 de diciembre de 2011

LAS DONACIONES DE STANFORD TODAVIA MANCHAN LAS MANOS DE LOS LEGISLADORES

Por: LOREN STEFFY, HOUSTON CHRONICLE
Jueves, Diciembre 8, 2011


En la batalla sobre el seguro de cobertura para los inversores que perdieron dinero en la caída de las corredurías del Grupo Financiero Stanford en los EEUU es difícil de saber quién está del lado de los inversores.

Recientemente, 27 legisladores enviaron una carta al SiPC el cual financia la industria de corretaje supervisado por el Gobierno, exigiendo la cobertura SiPC por las pérdidas de sus inversores. El SiPC ha otorgado una cobertura similar a los clientes de Bernard Madoff y al comerciante de productos MF Global, recientemente declarado en bancarrota.

Cuatro demócratas y 23 republicanos amenazaron con convocar audiencias en Washington la próxima semana si el SiPC no actúa.

Eso, al parecer, es más fácil que vivir en sus propias deficiencias.

Siete de los legisladores que firmaron la carta recibieron contribuciones de campaña de Stanford. Sólo dos – el Rep Michael McCaul (R-Austin,Tx) y el diputado Charles Boustany (R –La) - devolvieron el dinero. Otros cinco – los republicanos Pete Sessions de Dallas, Lamar Smith de San Antonio y Vern Buchanan e Ileana Ros-Lehtinen de Florida, así como el demócrata Steve Cohen de Tennessee – le deben dinero al estado de Stanford, según el Receptor designado por el Tribunal de quiebra de la empresa.

La firma homónima, R. Allen Stanford, le encantaba distribuir dinero en efectivo alrededor de Washington. El Receptor ha estado tratando de recuperar donaciones políticas durante casi dos años. Sobre los restos pendientes por US$ 1,8 millones, sólo alrededor de US$ 142.000 han sido devueltos.

Aún más inquietante, cinco comités de los dos partidos políticos - el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Demócrata del Congreso, el Comité Nacional Republicano del Congreso, el Comité Nacional Republicano y el Comité Senatorial Republicano Nacional - se han negado a devolver un combinado de 1,6 millones de dólares.

En otras palabras, mientras los legisladores son rápidos para llamar a la industria de corretaje para asegurar las pérdidas de los inversionistas de Stanford, ellos están menos dispuestos a exigir lo mismo de ellos o a sus partidos políticos.

Muchos de los funcionarios electos que recibieron contribuciones de campaña de Stanford - incluyendo ambos senadores de Texas y a Sessions - las donaron a la caridad. Sin embargo, eso no deja a los políticos fuera del gancho.

Si Stanford fue un fraude, como sostiene el Gobierno, entonces es dinero robado. Donando dinero robado no elimina los posibles robos. Incluso si no se demuestra el robo, el Receptor está operando bajo una orden judicial para recuperar el dinero de los inversores, y donarlo no absuelve a los legisladores de la orden del Tribunal.

Mientras tanto, la SEC, que es la encargada de supervisar al SiPC, ordenó el Fondo para pagar a los inversores en junio. Hasta ahora, no se ha logrado. Tan reciente como la semana pasada, el presidente del SiPC envió una carta a un miembro del Congreso diciendo que el SiPC está en desacuerdo con la decisión de la SEC.

El senador David Vitter, R-La, había estado tratando de organizar algún tipo de arreglo entre la SEC y el SiPC. Esos esfuerzos aparentemente fracasaron.

"La SEC necesita tomar medidas definitivas antes de finales de año, y me temo que va a significar demandar al SiPC," dijo la Presidenta de la SEC Mary Schapiro.

La SEC, por supuesto, está maquillando los errores del pasado. Habiendo omitido las investigaciones anteriores a Stanford, y luego tardó más de dos años para llegar a una decisión sobre la cobertura SiPC.

Se puede poner más difícil ahora, pero demandar al SiPC significa para los inversores, que han estado encadenados a lo largo de casi tres años, que deberán esperar aún más tiempo para averiguar si sus pérdidas quedarán cubiertas. Lamentablemente, en este caso, eso es progreso.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Los Liquidadores de Antigua del caso Stanford apuntan a un blanco de US$ 240 millones.

Caribbean360
December 8, 2011



ST JOHN’S, Antigua y Barbuda, Jueves, Diciembre 8, 2011. En los dos meses pasados, los Liquidadores del caso Stanford basado en Antigua han puesto la mirada sobre US$ 240 millones en activos.

Unas semanas después de ser acusados de despilfarrar la indemnización de las víctimas, los Liquidadores del Banco Stanford Internacional basado en Antigua están defendiendo sus logros.

En una actualización pública emitida por correo electrónico a los medios de comunicación esta mañana (8 de diciembre), loa Liquidadores Conjuntos Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton revelaron que efectuaron un seminario para los depositantes, ex empleados y acreedores comerciales ayer miércoles, para discutir sus logros recientes. Los Liquidadores Conjuntos anunciaron que en los dos meses desde su último webinar, venían realizando un trabajo hacia el destino de US$ 240,5 millones en sus esfuerzos de liquidación.

Esto incluyó poner todos sus esfuerzos de recuperación a lugar, para encontrar $9 millones en Colombia; asegurar $4,5 millones del Banco Fusionado del Caribe Oriental en Antigua; rastreo de un interés de propiedad fuera de Antigua con un valor de más de US$ 6 millones; y el perfeccionamiento de una reclamación en cooperación con el Fideicomisario de Suiza por US$ 230 millones en fondos.

Así mismo revelaron que en los últimos dos meses también descubrieron evidencias de "banderas rojas" en apoyo de las reclamaciones contra las instituciones financieras; obtuvieron un reconocimiento parcial en Canadá y el permiso para demandar objetivos de alto valor, evitando así la pérdida de derechos; sobrecargas por encima de 2 Terabytes de datos y comenzaron a trabajar en un análisis forense; contrataron investigadores independientes y expertos para ayudar en los esfuerzos de recuperación de activos; e intervinieron en el proceso penal suizo.

Estas revelaciones llegan semanas después de que un grupo basado en Estados Unidos de víctimas del fraude de Stanford apelaron al sistema de justicia estadounidense para mantener apartados a Grant Thornton y al Receptor norteamericano de US$ 330 millones en activos congelados, argumentando que esos fondos deberían ser desembolsados directamente a las víctimas y no utilizados para financiar costosos esfuerzos de liquidación.

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Grant Thornton Webinar transcripción

Si usted no pudo escuchar la presentación en línea Webinar para los acreedores / víctimas el 7 de diciembre a las 11:00 am presentado por Grant Thornton, entonces por favor vaya a 24 horas después de la presentación www.sibliquidation.com

donde tendrá la oportunidad de escuchar y leer una transcripción completa en Inglés y Español. También podrá ver un recorrido por las oficinas de la SIB por Marcus Wide y ver la cantidad de papeleo que tienen que tratar y la cantidad de archivos que tiene que ser visto y comprobado.

Por favor, escuchen a la presentación y será explicado por qué (y cómo) es necesario para registrar su reclamo con Grant Thornton, así como Janvey. ¿Por qué Grant Thornton siente que es tan importante que sean reconocidos por los tribunales estadounidenses. ¿Por qué Grant Thornton siente que está en los intereses de las víctimas a tener a lidiar con la distribución de los fondos que están congelados por el Departamento de Justicia en lugar de el Departamento de Justicia la distribución de estos fondos. Además de mucha más información que las víctimas sean de utilidad.

Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton claramente tienen el mejor interés de las víctimas en el corazón y están trabajando de una manera profesional para tratar de lograr los mejores resultados para todas las víctimas.

Kate

La SEC insta a demandar sobre las reclamaciones de las víctimas de Stanford

6 de diciembre de 2011.
WASHINGTON (Reuters)

Un senador pide a los reguladores federales de valores a emprender acciones legales contra un fondo respaldado por la industria de corretaje por no cubrir las reclamaciones de las víctimas del presunto esquema Ponzi de Allen Stanford.

El senador republicano David Vitter, miembro del Comité de Bancario del Senado, dijo que la SEC debe obligar al SiPC a actuar, porque las víctimas han estado esperando desde que se tomó la resolución para el arresto de Stanford en 2009.

"Demandar al SiPC en nombre de las víctimas de Stanford ahora", dijo el legislador de Louisiana en una declaración de prensa después de discutir sus preocupaciones públicamente durante una audiencia del Congreso.

Stanford, 61, fue detenido en 2009 y enfrenta una acusación penal de 14 cargos sobre un supuesto esquema por 7 billones de dólares vinculado a certificados de depósito emitidos por su banco basado en Antigua. La SEC también ha presentado cargos civiles contra él.

Los investigadores acusaron al una vez multimillonario de utilizar los fondos para el esquema Ponzi para financiar otros negocios y un estilo de vida pródigo que incluía varios yates, aviones privados y casas en todo el mundo. Stanford ha negado irregularidades.

La SiPC, que maneja las reclamaciones de los inversionistas en casos de que falle su intermediación, había dicho anteriormente en 2009 que no creía que las víctimas de Stanford que compraron certificados de depósito a través del brazo de correduría de los EEUU para las empresas de Stanford eran elegibles para recibir una indemnización, porque los clientes, en lugar de la correduría, mantenían la custodia de los CDs.

Después de dos años dándole vueltas al asunto, no obstante, la SEC rechazó el argumento del SiPC en junio y emitió una declaración llamando al SiPC a iniciar un procedimiento de liquidación.

En esa declaración, la SEC dijo que se vería obligada a presentar una acción judicial si el SiPC no cumplía.

La Junta del SiPC se reunió el 15 de septiembre para revisar el asunto, pero todavía no ha tomado ninguna medida y se mantiene en conversaciones con la SEC.

Los portavoces de la SEC y el SiPC declinaron hacer comentarios sobre la declaración de Vitter.

martes, 6 de diciembre de 2011

El Comité de EEUU está en Oposición a Grant Thornton

Las Víctimas Internacionales de Stanford consideran necesario hacer del conocimiento de los Tribunales de cómo nosotros apoyamos firmemente el reconocimiento a Grant Thornton. Tenemos que dejar que los tribunales sepan que no tenemos confianza o fe en Janvey y el "Comité Oficial de Inversionistas de Stanford". Si usted no ha firmado aun la petición que vamos a presentar ante los Tribunales y el Gobierno Estadounidense, por favor hágalo porque todavía hay tiempo. Este Comité habla sólo para sí mismos y para los inversores estadounidenses únicamente, debemos detenerlos en la provocación de causar más penurias a los inversores internacionales y concienciar a los Tribunales de nuestros sentimientos.

5 de diciembre de 2011
Por el Comité de los EEUU

El Comité Oficial de Inversores de Stanford (el Comité "inversores") presenta esta breve nota por estar en oposición a la petición del Reconocimiento Extranjero Principal de Procedimientos conforme al Capítulo 15 del Código de Bancarrota (la "Petición"). La petición fue presentada originalmente por los ex liquidadores Nigel Hamilton-Smith y Peter Wastell y ahora es defendida por Marcus Wide y Hugh Dickson (“los  Liquidadores Conjuntos"). 
El Comité de Inversores respetuosamente insta al Tribunal a negar a los Liquidadores Conjuntos cualquier forma de reconocimiento en virtud del Capítulo 15. Cualquier reconocimiento de estos Liquidadores Conjuntos sería "manifiestamente contrario a las políticas de orden público de los Estados Unidos". Eso es así por al menos cuatro razones independientes. 
En primer lugar, el nombramiento de los Liquidadores Conjuntos (y sus predecesores) fue perseguido y obtenido en violación de las órdenes de esta Corte. Concediéndoles a estos liquidadores cualquier forma de reconocimiento por el Capítulo 15, en virtud de estas circunstancias, esto iría en detrimento de las políticas fundamentales de reglamentación jurisdiccional de los Estados Unidos.
En segundo lugar, hay importantes conflictos de interés planteados por la solicitud de los Liquidadores Conjuntos para su reconocimiento como procedimiento "extranjero principal". La Administración Judicial del Estado tiene importantes reclamos contra el Gobierno de Antigua que serán probablemente frustrados (o abandonados) si los Liquidadores Conjuntos logran el reconocimiento como "extranjeros principales". El Comité de Inversionistas cree que esos conflictos se ven agravados por las múltiples representaciones que se han emprendido en este procedimiento por un abogado de los Liquidadores Conjuntos.
En tercer lugar, el reconocimiento buscado por los Liquidadores Conjuntos debe ser negado porque es muy parecido a una "calle unidireccional." Los Tribunales de Antigua ya se han negado a reconocer al Receptor de esta Corte, tanto que el Receptor no tiene "ningún derecho legal permanente en Antigua y Barbuda" y que la orden de esta Corte nombrando al Receptor y tomando posesión exclusiva de los activos de las diversas entidades de Stanford, incluyendo al SIBL, era "inaplicable".
Y en cuarto lugar, el reconocimiento debe negarse porque se ha vuelto dolorosamente obvio que el Gobierno de Antigua y el Sistema Judicial no tengan ningún interés real en el enjuiciamiento de los responsables del fraude de Stanford, ni tampoco en la recuperación de activos para los inversionistas-víctimas de Stanford.

La Postura de la Industria de Valores en el Caso Stanford Socava la Confianza de los Inversores.

Por:  LOREN STEFFY, HOUSTON CHRONICLE      
Actualización, Sábado, 3 de Diciembre de 2011
Traduccion: wisea

Los inversores de R. Allen Stanford no perderían su dinero de la manera correcta.
Esa es la actitud quijotesca de la industria de valores sobre si otorgan el seguro de cobertura para los inversores norteamericanos que afirman que fueron asaltados por la empresa de corretaje de Stanford.
Durante casi tres años, los inversores atrapados en el derrumbe que dicen los reguladores era un esquema Ponzi de 7 billones de dólares, han esperado una decisión por la SiPC durante ese tiempo, la Industria de Valores y la Asociación de Mercados Financieros que representa unos 650 corredores de todo el país, ha instado al SIPC a no pagar el seguro.
El SiPC es un fondo de seguro respaldado por miembros de corretaje, y si bien no está diseñado para cubrir pérdidas de inversiones, se supone que pague si un corretaje colapsa debido a un presunto fraude.
Todavía la Asociación se opone firmemente a cualquier pago a los inversionistas de Stanford.  Cuando la SEC - después de llevar más de dos años para tomar una decisión – le dijo al SIPC este verano que pagara. El consejero general de de la asociación Ira Hammerman le escribió a la Junta del SIPC insistiendo que la SEC estaba equivocada, en parte porque los inversionistas de Stanford legalmente no deberían considerarse clientes.
Los corredores de Stanford instaron a los inversores a comprar certificados de depósito vendidos a través del Banco de Stanford en Antigua, pero en la mayoría de los casos, el dinero de los inversores fue enviado directamente al Banco en lugar de hacerlo por la correduría. Eso, Hammerman argumentó, significa que mientras los inversionistas eran clientes de corretaje, ellos no eran clientes bajo la definición estricta de la ley que creó al SIPC.
Si eso suena extraño, piensen ahora cómo suena que 7.800 de 20.000 inversionistas de Stanford caigan en esta categoría.
El dinero que los inversores enviaban al banco no fue utilizado para comprar los CDs. Parte de ese dinero fue devuelto a la correduría para ayudar a pagar una indemnización y los honorarios derivados para los corredores que Stanford estaba cortejando de otras firmas, en la espera de extraer a sus clientes cualquier sospecha del supuesto esquema que encontró la SEC.
Al ritmo de caracol.
A pesar de la instrucción de la SEC, el SiPC arrastró sus pies. Su directorio se tardó tres meses antes de siquiera considerar el asunto, y aun así falló en tomar una decisión. La cual se tomó a finales de Septiembre.
Aunque la SEC tiene la autoridad para demandar al SiPC para obligarle a cumplir, no lo  ha hecho todavía. Recientemente, 18 miembros del Congreso - incluido el diputado John Culberson y el diputado Michael McCaul, ambos republicanos que representan el área de Houston - enviaron al Presidente del SiPC una carta amenazando con  audiencias en el Congreso si la Junta Directiva no decide para el 15 de diciembre.
Que por cierto, es menos de una semana antes de que Stanford comparezca ante un juez federal para determinar si es competente para su propio juicio en enero.
Mientras tanto, el Senador David Vitter, R-l.a., ha estado trabajando con el SiPC y la SEC para resolver el problema de la cobertura. Su secretario de prensa, Luke Bolar, dijo el viernes que espera que el SiPC ofrezca una conciliación a la SEC esta semana.
Vitter, sin embargo, no sabe lo que supondrá la oferta o cómo podría afectar a los inversionistas de Stanford.
 Haciendo burla de eso.
Mientras el SiPC nunca fue diseñado para ser una póliza de seguro de cobija contra el fraude, el manejo de la cobertura en el caso Stanford ha sido una burla en todo el proceso. Después de todo, el SiPC ha pagado a los inversores por sus pérdidas en el caso de fraude de Bernard Madoff, y se ha apurado en asumir las pérdidas en la quiebra de los productos básicos de la firma MF Global.
Como el mismo Hammerman señaló el año pasado, "el propósito fundamental de la Ley es promover la confianza de los inversores en los mercados de capitales de Estados Unidos para proteger a los clientes contra la pérdida de efectivo o valores resultantes del fracaso del intermediario-distribuidor de mantener dichos bienes".
 La industria legal por separar el cabello no infunde mucha confianza en la inversión pública.
Si bien es cierto que los corretajes de Stanford no estaban actualmente mantenidos como fondos de los clientes o valores cuando estos fallaron, parece que sus agentes utilizaron el banco de Antigua como un saco de hombres, como una forma de mantener sus huellas dactilares en dinero de sus clientes.
Ahora muchos se han ido a trabajar a otras corredurías aseguradas del SiPC, que continúan operando bajo la ilusión de protección del inversor.
¿Cómo puede eso inspirar confianza?